Supported Living para personas mayores con síndrome de down

Descripción

Aportar fondos privados sin contraprestación: el valor de financiar una vivienda con apoyos para personas mayores con síndrome de Down

Hay una realidad silenciosa que apenas ocupa espacio en el debate público: por primera vez en la historia, las personas con síndrome de Down envejecen. Hace apenas medio siglo, su esperanza de vida rondaba los 25 años; hoy supera los 60.

Es un éxito extraordinario de la medicina y de la inclusión social, pero ha creado un desafío para el que casi ninguna sociedad estaba preparada. Estas personas experimentan un envejecimiento prematuro —con una prevalencia muy elevada de deterioro cognitivo y alzhéimer a partir de los 50 años— justo en el momento vital en que sus padres, sus cuidadores de toda la vida, envejecen también, enferman o fallecen. La pregunta que atormenta a miles de familias es siempre la misma: ¿qué será de mi hijo cuando yo no esté?

El modelo de supported living o vivienda con apoyos responde a esa pregunta con una propuesta radicalmente distinta a la institucionalización tradicional.

No se trata de una residencia donde la persona es un usuario pasivo, sino de un hogar real: viviendas de escala humana, integradas en la comunidad, donde cada persona conserva su intimidad, sus rutinas, sus objetos y sus vínculos, y recibe exactamente el apoyo que necesita —ni más ni menos— para seguir siendo protagonista de su propia vida.

Es el modelo que exige la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, cuando reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Para una persona mayor con síndrome de Down, esto significa envejecer con dignidad, en un entorno conocido, acompañada, y no ser trasladada a una residencia geriátrica convencional pensada para otro perfil de persona y donde con frecuencia no existe la especialización que su situación requiere.

Por qué la financiación privada sin contraprestación es decisiva

Un proyecto así no se sostiene solo con financiación pública. Los conciertos y subvenciones, cuando llegan, cubren parcialmente los costes operativos, pero rara vez financian lo que hace posible que el proyecto exista: la adquisición o adaptación del inmueble, la inversión inicial, la formación especializada del equipo, y ese margen de estabilidad que permite planificar a diez o veinte años vista en lugar de sobrevivir de convocatoria en convocatoria.

Aquí es donde la aportación privada sin contraprestación —la donación pura y simple, el mecenazgo en su sentido más genuino— se convierte en la piedra angular.

Aportar fondos sin contraprestación significa dar sin recibir nada material a cambio: ni un servicio, ni una plaza reservada, ni un retorno económico.

Jurídicamente es una donación; humanamente es otra cosa. Es la decisión de un particular, una familia o una empresa de convertir parte de su patrimonio en futuro para otros. Y conviene decirlo con claridad: quien dona a un proyecto de este tipo no está tapando un agujero, está construyendo infraestructura social. Una vivienda con apoyos que se pone en marcha hoy seguirá acogiendo a personas dentro de treinta años.

Pocas formas de filantropía tienen un efecto tan duradero y tan tangible: se puede visitar, tiene dirección postal, tiene nombres y rostros.

La donación sin contraprestación tiene además un valor cualitativo que la financiación pública no puede ofrecer: la libertad.

Los fondos privados permiten innovar en el modelo de apoyos, contratar mejores profesionales, cuidar detalles que ninguna partida presupuestaria contempla y, sobre todo, garantizar la continuidad del proyecto con independencia de los ciclos políticos y presupuestarios.

Para las familias, saber que el hogar de su hijo no depende de la renovación anual de una subvención es, literalmente, poder dormir tranquilas.

Qué supone para el donante: el marco fiscal del mecenazgo

En España, este tipo de aportaciones goza de uno de los regímenes fiscales más favorables de nuestro ordenamiento, regulado por la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, reforzada sustancialmente por el Real Decreto-ley 6/2023 con efectos desde 2024. El requisito esencial es que la entidad receptora esté acogida a esta ley (fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, entre otras), algo habitual en las entidades del ámbito de la discapacidad intelectual.

Para las personas físicas, la deducción en el IRPF es del 80% sobre los primeros 250 euros donados cada año, y del 40% sobre el importe restante.

Si el donante mantiene su compromiso —donando a la misma entidad un importe igual o superior durante los dos ejercicios anteriores—, ese 40% se eleva al 45%.

Dicho de forma práctica: donar 250 euros cuesta en términos reales 50 euros; una donación recurrente de 5.000 euros anuales supone recuperar más de 2.300 euros vía deducción.

La base de la deducción tiene como límite el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para las empresas, la deducción en el Impuesto sobre Sociedades es del 40% de la donación, que asciende al 50% cuando existe recurrencia en los dos ejercicios previos, con el límite del 15% de la base imponible (las cantidades que excedan pueden aplicarse en los diez ejercicios siguientes).

Estos porcentajes pueden incrementarse en cinco puntos adicionales si la actividad se declara prioritaria de mecenazgo en la Ley de Presupuestos.

Además, la reforma de 2023 amplió las modalidades: hoy son deducibles también las donaciones de servicios y las cesiones de uso de inmuebles sin contraprestación —una vía especialmente relevante para un proyecto residencial—, y los convenios de colaboración empresarial permiten a la empresa asociar su nombre al proyecto sin que ello se considere contraprestación que rompa el régimen fiscal.

Existen igualmente fórmulas patrimoniales de gran calado para este tipo de proyectos: la donación de un inmueble (deducible sobre su valor), los legados testamentarios —muchas familias vinculadas a la discapacidad canalizan así su previsión de futuro— y las aportaciones fundacionales.

Todas ellas, correctamente estructuradas, se benefician del mismo marco. La entidad receptora, por su parte, está exenta de tributar por las donaciones recibidas y sujeta a obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y destino obligatorio de rentas a fines de interés general, lo que ofrece al donante una garantía legal de que su aportación se aplica efectivamente a la misión.

Más allá del incentivo: lo que realmente se está financiando

Sería un error, sin embargo, reducir la decisión de donar a una ecuación fiscal. Quien aporta fondos a una vivienda con apoyos para personas mayores con síndrome de Down está financiando algo muy concreto: que Carmen, de 58 años, no tenga que abandonar su barrio cuando fallezca su madre; que un equipo formado en envejecimiento y discapacidad intelectual detecte a tiempo los primeros signos de deterioro cognitivo; que la última etapa de una vida que ya venció todos los pronósticos se viva con la misma dignidad con que se vivió el resto. Está financiando también un alivio inmenso para las familias y un modelo replicable que puede inspirar a otras entidades y territorios.

Nota: los datos fiscales son informativos, no asesoramiento; conviene validarlos con un asesor fiscal para cada caso concreto.

Fuentes: BOE — Ley 49/2002, Guía AEF régimen fiscal donativos (reforma 2024), Billeo — Deducción IS mecenazgo 2026